Una semana después del año escolar: clases debajo de árboles y escuelas en reparación

Hechos de la primera semana de clases

El lunes 1 de septiembre, al iniciar la jornada escolar en la mayor parte del país, cientos de niños y jóvenes se vieron obligados a ocupar los patios de las instituciones que aún no habían concluido obras de infraestructura. En Santo Domingo, la Escuela Primaria José Martí recibió a sus 420 alumnos bajo la sombra de un gran árbol, mientras los docentes distribuían cuadernos y lápices improvisados.

Al día siguiente, el Ministerio de Educación (MINER) anunció un plan de emergencia que movilizaría equipos técnicos a 27 centros educativos con deficiencias estructurales. En la provincia de Santiago, la escuela secundaria Rafael Trujillo quedó cerrada temporalmente por filtraciones en el techo, obligando a los profesores a trasladar las clases a salones portátiles instalados en el patio. Mientras tanto, los padres iniciaron protestas pacíficas exigiendo soluciones rápidas.

Marco institucional y repercusiones

El marco normativo que rige la infraestructura escolar en la República Dominicana se sustenta en la Ley 136‑97 de Educación y en el Reglamento de Construcción de Centros Educativos, ambos supervisados por la Dirección General de Infraestructura del MINER. Estas disposiciones obligan a los gobiernos locales a garantizar que los edificios cumplan con los estándares de seguridad, habitabilidad y accesibilidad antes de autorizar su funcionamiento.

El retraso en la entrega de obras ha generado pérdidas económicas para las familias, que deben cubrir transporte adicional y materiales de refuerzo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (ONE), el sector educativo representa el 7 % del PIB y cualquier interrupción repercute en la productividad laboral de los padres. Expertos advierten que la falta de inversión sostenida en mantenimiento podría agravar la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales.