TC condena a cuatro instituciones del Estado por desacatar sentencias

Hechos y desarrollo del caso

El pasado lunes, la Sala Constitucional del Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que obliga a cuatro entidades estatales a responder por el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales previamente dictadas. La decisión se originó tras la denuncia presentada por dos ciudadanos dominicanos, quienes alegaron que la administración pública había omitido ejecutar medidas de reparación ordenadas en procesos civiles iniciados en 2022.

En la audiencia de la tarde, los voceros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la Dirección General de Servicios de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y la Procuraduría General admitieron haber recibido las resoluciones pero no ejecutarlas por limitaciones presupuestarias y logísticas. El presidente del TC advirtió que tal omisión constituye desacato grave, imponiendo una suma total de RD$1,470,000.00 en astreintes a favor de los ciudadanos.

Marco institucional y repercusiones

El marco normativo dominicano establece, en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la obligatoriedad de cumplir las sentencias judiciales, bajo pena de astreintes como mecanismo coercitivo. La Dirección General de Servicios de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial dependen del Consejo Nacional de la Magistratura, que supervisa la actuación de los funcionarios y garantiza la observancia de los fallos del TC.

Casos similares de desacato se han registrado en los últimos años, particularmente en la provincia de Santiago, donde la falta de ejecución de obras públicas generó retrasos en proyectos de infraestructura y pérdidas millonarias para contratistas locales. La imposición de astreintes busca no solo resarcir a los afectados, sino también incentivar a las instituciones a respetar los plazos judiciales, reduciendo la morosidad que afecta la confianza del sector privado y la calidad de los servicios públicos.