Endocrinólogos advierten sobre el peligro de la obesidad en niños

Alza de los índices de obesidad infantil y respuestas inmediatas

En marzo de 2024, el Ministerio de Salud Pública publicó los resultados del último estudio nacional sobre la composición corporal infantil, revelando que el 22 % de los menores de diez años presentan exceso de grasa corporal. Los datos, obtenidos a partir de mediciones realizadas en 120 escuelas de Santo Domingo, Santiago y La Romana, fueron presentados durante la Conferencia Anual de Endocrinología Pediátrica, donde expertos señalaron una tendencia ascendente desde 2018.

Una semana después, la Sociedad Dominicana de Endocrinología (SDE) emitió un comunicado instando a las autoridades educativas a implementar protocolos de detección temprana y a promover hábitos alimenticios balanceados en los comedores escolares. En respuesta, el Ministerio de Educación aprobó un piloto que incorpora evaluaciones antropométricas trimestrales y talleres de nutrición dirigidos a padres y docentes en diez instituciones seleccionadas, con el objetivo de frenar la progresión del sobrepeso antes de que se traduzca en patologías crónicas.

Marco institucional y repercusiones socioeconómicas

El marco normativo dominicano contempla la Ley 21‑09 de Protección Integral de la Niñez, que obliga al Estado a garantizar la salud física y mental de los menores. Dentro de este marco, el Programa Nacional de Salud Infantil, coordinado por el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de la Primera Infancia, ha incorporado la prevención de la obesidad como una de sus prioridades estratégicas, destinando recursos para campañas de educación y seguimiento clínico.

Según el Banco Central, la carga económica asociada a enfermedades crónicas vinculadas a la obesidad infantil supera los 1.200 millones de pesos anuales, afectando tanto al sector público como a las familias de bajos ingresos. Por ello, el Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) ha pactado con la SDE la creación de una red de referencia que permita el acceso gratuito a consultas endocrinas y a programas de actividad física en centros comunitarios, reduciendo así la brecha de atención sanitaria.