Poder Ejecutivo elimina vigencia reducida en licencias de Santo Domingo

El Poder Ejecutivo unifica la vigencia de las licencias de conducir a cuatro años

Santo Domingo, 14 de septiembre de 2026. – El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha implementado una modificación regulatoria significativa en el sistema de licencias de conducir, eliminando los plazos diferenciados de vigencia que se aplicaban anteriormente en función de la edad del conductor. Esta decisión administrativa, formalizada mediante el Decreto 675-26, establece un nuevo estándar uniforme para todos los titulares de permisos de conducción en el país.

¿Qué ocurrió?

La principal novedad de esta medida es la eliminación automática del período reducido de vigencia que afectaba a los conductores mayores de 75 años. Hasta la fecha, la normativa establecía restricciones específicas para este grupo etario, lo que implicaba renovaciones más frecuentes. Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, los conductores de esta edad dejarán de estar sujetos a dicha limitación temporal, alineándose con el resto de la población en términos de duración del permiso.

El cambio normativo responde a una directriz emanada del Tribunal Constitucional, que emitió la sentencia TC/0904/26. Esta resolución fue producto de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 21 del Reglamento de Licencias de Conducir. Al declarar la inconstitucionalidad de dicha norma, el alto tribunal obligó al Poder Ejecutivo a reformar la regulación para garantizar la igualdad de trato ante la ley, independientemente de la edad del ciudadano.

Detalles confirmados del Decreto 675-26

De acuerdo con la información suministrada, el presidente Luis Abinader firmó el Decreto 675-26, el cual detalla las nuevas reglas operativas para la emisión y renovación de licencias. El documento establece de manera explícita un período uniforme de cuatro años para todas las licencias y autorizaciones de conducir. Esta estandarización busca simplificar el proceso administrativo y reducir la carga burocrática asociada a las renovaciones frecuentes.

Además de la duración, el decreto introduce un criterio claro para la determinación de la fecha de vencimiento. A partir de ahora, el vencimiento de las licencias se fijará exclusivamente en el día del cumpleaños de su titular. Esta medida permite una gestión más ordenada de los registros civiles y vehiculares, facilitando la planificación de las renovaciones por parte de los ciudadanos, ya que la fecha límite coincidirá siempre con su aniversario personal.

Contexto legal y alcance de la medida

La intervención del Tribunal Constitucional marca un precedente importante en la regulación del transporte y los derechos civiles en República Dominicana. La sentencia TC/0904/26 subraya que las distinciones basadas en la edad para la vigencia de documentos de identidad y permisos de conducción deben ser justificadas y proporcionales, evitando discriminaciones arbitrarias. El artículo 21 del Reglamento de Licencias de Conducir, objeto de la acción de inconstitucionalidad, contenía las disposiciones que ahora han sido derogadas o modificadas para cumplir con el mandato constitucional.

Es importante destacar que, aunque el decreto establece las reglas para futuras emisiones y renovaciones, el texto oficial no especifica en este momento si la medida aplicará de forma retroactiva a las licencias ya emitidas con plazos vigentes distintos. Los conductores deberán esperar a la comunicación oficial de las autoridades de tránsito para conocer los procedimientos específicos de transición, si es que estos existen, para aquellos permisos que aún no han alcanzado su fecha de vencimiento original.

Impacto en la gestión vehicular

La unificación del plazo a cuatro años y la vinculación del vencimiento al cumpleaños del titular representan un cambio estructural en la gestión de la Dirección General de Tránsito y Transporte. Esta estandarización reduce la complejidad del sistema de registro, ya que elimina la necesidad de mantener categorías separadas por edad para el cálculo de la vigencia. Para los ciudadanos, esto significa una mayor predictibilidad en la administración de sus documentos de conducción, eliminando la incertidumbre sobre fechas de renovación variables según su grupo etario.

La implementación de estas nuevas normas refleja el compromiso del Estado con la modernización de sus servicios públicos y el respeto estricto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Al alinear la regulación administrativa con la jurisprudencia constitucional, el gobierno busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en la equidad de las políticas públicas relacionadas con la movilidad y el transporte.