Lavado de activos, el origen del caso de corrupción en Cusep y Cestur

El Ministerio Público ha presentado sus conclusiones en el juicio de fondo por el caso de corrupción en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y de Seguridad Turística (Cestur, ahora Politur), así como en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani). Según el Ministerio Público, los imputados se asociaron para sustraer más de 4,000 millones de pesos de estas instituciones a través de la creación de empresas ficticias y de servicios inexistentes, así como el abultamiento de nómina con nombramientos de policías y militares.

Los fondos del patrimonio público que se sustraían eran los destinados a inteligencia, raciones alimenticias, combustibles y nómina. El Ministerio Público identificó a los principales imputados, incluyendo al mayor general del Ejército Adán Beroni Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, y al general del Ejército Juan Carlos Torres Robiou, del Cestur. La investigación también reveló que los imputados utilizaban empresas ficticias para desviar fondos, como Rawel Importadores S.R.L y Distribuidora TAFL, S.R.L., y que los recolectores intermediarios del dinero de la nómina eran, entre otros, Wilber Moreno Batisa y mayor Juan Pablo Silvestre Pérez. El caso ha generado un gran interés público y ha llevado a la recuperación de nóminas borradas y la identificación de miles de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que prestaban sus cuentas para la recolección de fondos.