Hansel García expone graves fallas de consecuencias judiciales tras rescate de 14 menores en Haina

Cronología del rescate y la denuncia pública

El pasado lunes 1 de septiembre, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), ejecutó una redada en la zona industrial de Haina que culminó con la liberación de catorce menores de entre ocho y quince años, quienes habían sido retenidos en un inmueble que se hacía pasar por una supuesta fundación de asistencia social.

Tras la operación, los menores fueron llevados al Centro de Protección Infantil del Ministerio de la Mujer, donde recibieron atención médica y psicológica. Las autoridades anunciaron que se iniciarían procesos penales contra los responsables de la entidad, aunque hasta ahora no se ha emitido sentencia definitiva. El periodista Hansel García, conductor del segmento «El Trabuco», recordó que la ausencia de un régimen sancionador efectivo permitió que la organización operara durante más de diez años.

Marco institucional y repercusiones

En la República Dominicana, la protección de la infancia está regulada por la Ley No. 136-03 de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que otorga al Conani la facultad de intervenir en casos de vulneración y ordenar el cierre de establecimientos irregulares. Asimismo, el Código Penal establece penas de hasta diez años de prisión para quienes ejerzan actividades de asistencia social sin autorización y pongan en riesgo la integridad de menores.

El caso de Haina recuerda rescates anteriores, como el de Villa Mella en 2015, que también reveló la falta de seguimiento judicial. La impunidad fomenta redes clandestinas que aprovechan la vulnerabilidad de familias de bajos recursos en el sur del país. Por ello, la sociedad civil pide una mayor coordinación entre el Ministerio Público, la Fiscalía y el Conani, para asegurar procesos judiciales ágiles y una supervisión constante de cualquier entidad que atienda a menores.