Gobierno estudia regular los alquileres de corto plazo tipo Airbnb

Antecedentes y evolución del debate

En la última semana, el Ministerio de Turismo anunció la apertura de una mesa de trabajo para analizar la proliferación de alojamientos de corta duración en plataformas digitales. La iniciativa surgió tras la denuncia de varios concejos municipales, principalmente en Santo Domingo y Punta Cana, que reportaron un aumento del 30 % en la oferta de inmuebles destinados a turistas extranjeros durante el último trimestre.

El presidente Luis Abinader, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Senado, señaló que la preocupación principal no radica en la renta percibida por los propietarios, sino en la presión que la compra masiva de propiedades ejerce sobre el mercado inmobiliario. Según datos del Banco Central, la demanda de viviendas para inversión ha superado la oferta en un 18 % desde 2022, encareciendo los precios para la población local.

Marco institucional y repercusiones

La Ley de Turismo, promulgada en 2018, otorga al Ministerio de Turismo la facultad de regular los establecimientos de hospedaje, incluidos los alquileres temporales. Asimismo, la Dirección General de Turismo (DGT) coordina con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para monitorear la ocupación hotelera y la actividad de plataformas digitales, bajo la supervisión del Consejo Nacional de Competitividad.

Los analistas del sector inmobiliario advierten que la ausencia de una normativa clara podría desincentivar la inversión en proyectos de vivienda social, al desviar recursos hacia el mercado de alquiler vacacional. Por otro lado, los propietarios de pequeñas propiedades argumentan que la regulación podría limitar sus ingresos y reducir la oferta de alojamiento asequible para viajeros de bajo presupuesto, generando un debate entre desarrollo económico y protección del consumidor.