Filipinas investiga proyectos contra inundaciones de empresa cercana al clan Duterte

La NBI de Filipinas eleva a 7,000 millones de pesos la estimación de fondos malversados en proyectos de infraestructura

Manila, Filipinas — La Oficina Nacional de Investigación (NBI) de Filipinas ha actualizado significativamente sus estimaciones financieras respecto a una investigación en curso sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Según los datos revelados este viernes, el monto total de dinero que podría haber sido malversado entre los años 2018 y 2024 ha pasado de una cifra inicial de 1,900 millones de pesos filipinos a un total de 7,000 millones de pesos. Esta cifra equivale aproximadamente a 112 millones de dólares, una suma considerable que refleja la magnitud de las operaciones bajo escrutinio.

¿Qué ocurrió?

El incremento en la estimación de los fondos comprometidos se produce en el marco de una revisión exhaustiva de más de medio centenar de proyectos de infraestructura. Estas obras fueron adjudicadas a una constructora que mantiene vínculos cercanos con el clan político de los Duterte. La investigación se centra específicamente en contratos destinados a la prevención de inundaciones, un sector crítico para la seguridad civil en el archipiélago filipino. La NBI ha determinado que la escala de la posible malversación es mucho mayor de lo que se había calculado inicialmente, lo que sugiere una complejidad operativa más amplia en la gestión de estos fondos públicos durante el período analizado.

Detalles confirmados por las autoridades

Melvin Matibag, director de la Oficina Nacional de Investigación, precisó que al menos seis de los proyectos examinados hasta la fecha han presentado irregularidades documentadas. Aunque el número total de proyectos bajo investigación supera los cincuenta, la confirmación de irregularidades en estos seis casos específicos marca un hito en el proceso de auditoría. La NBI ha elevado la cantidad de dinero que podría haber sido desviado a los 7,000 millones de pesos, una cifra que representa un aumento drástico respecto a la estimación previa de 1,900 millones de pesos (aproximadamente 30.4 millones de dólares).

La información sobre esta actualización en las cifras de la investigación fue recogida y difundida por el diario local Inquirer. Los documentos y declaraciones oficiales indican que el período de investigación abarca desde 2018 hasta 2024, cubriendo varios ciclos de gestión gubernamental. La focalización en proyectos de control de inundaciones es particularmente relevante dado el impacto económico y social que tienen las catástrofes naturales en Filipinas, lo que convierte la integridad de estos contratos en una prioridad de seguridad nacional.

Contexto de la investigación

La entidad constructora involucrada en estos contratos es descrita por las autoridades como cercana al clan Duterte, aunque el nombre específico de la empresa no ha sido detallado en los informes preliminares disponibles. La relación entre la firma privada y el grupo político ha sido un punto de atención constante para los organismos de control. La NBI ha mantenido un enfoque técnico en la revisión de los expedientes, centrando su atención en las discrepancias financieras y las irregularidades procedimentales detectadas en los seis proyectos ya analizados.

El salto en la estimación de la malversación, de 1,900 a 7,000 millones de pesos, subraya la profundidad de la auditoría realizada por la NBI. Esta revisión no solo implica una reevaluación de los montos, sino también una ampliación del alcance de las transacciones examinadas. La cifra de 112 millones de dólares en pesos filipinos pone de manifiesto la gravedad potencial del caso, que afecta a fondos destinados a infraestructura vital para la protección de la población frente a desastres naturales.

Implicaciones de los hallazgos

Hasta el momento, la NBI ha confirmado la existencia de irregularidades en una fracción significativa de los proyectos revisados, aunque los detalles específicos de dichas fallas no han sido divulgados públicamente. La investigación continúa centrada en el período 2018-2024, un lapso que coincide con cambios significativos en la administración pública filipina. La elevación de las cifras de malversación estimada refuerza la necesidad de una transparencia total en la adjudicación de contratos públicos, especialmente en sectores sensibles como la gestión de riesgos de inundación.

Las autoridades filipinas mantienen el proceso de investigación activo, con la NBI liderando la recopilación de pruebas y la verificación de los montos comprometidos. La información proporcionada por el director Melvin Matibag establece una base factual clara sobre el estado actual de la auditoría, destacando el volumen de fondos en juego y la cantidad de proyectos con hallazgos negativos. El seguimiento de este caso será crucial para determinar el alcance final de las irregularidades y las responsabilidades asociadas con la gestión de estos recursos públicos durante los últimos seis años.