Exigen enfrentar desde el Gobierno “terrorismo ambiental”

Declaraciones presidenciales y medidas iniciales

El pasado 12 de agosto, el presidente Luis Abinader pronunció un discurso ante la Asamblea Nacional en el que denunció la creciente degradación de los parques nacionales y áreas protegidas, calificándola de “terrorismo ambiental”. Durante su intervención, señaló que la falta de control y la actividad ilícita de grupos armados habían aumentado en la zona de Los Haitises y Jaragua, poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad de las comunidades locales.

Tras la alocución presidencial, el Ministerio de Medio Ambiente emitió un comunicado anunciando la creación de un plan de acción escalonado, cuyo primer peldaño será la intervención directa del Estado mediante la movilización de la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad Pública. En los días siguientes, se reportó la incautación de maquinaria pesada y la detención de varios individuos vinculados a la tala ilegal en la zona norte del país.

Marco institucional y repercusiones socioeconómicas

El marco legal que regula las áreas protegidas en la República Dominicana se sustenta en la Ley 64-00 de Patrimonio Natural y la Ley 225-15 de Parques Nacionales, ambas bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, la Dirección General de Parques y la Oficina de la Procuraduría Ambiental colaboran con la Policía y el Ejército en la vigilancia, lo que permite articular recursos y sanciones frente a actividades ilícitas.

El deterioro de los ecosistemas protegidos repercute directamente en la industria turística, principal motor económico del país, al reducir la atractividad de destinos como Samaná y la península de Pedernales. Además, la pérdida de servicios ecosistémicos afecta a pescadores y agricultores que dependen de la calidad del agua y la fertilidad del suelo. Por ello, expertos advierten que la inacción podría traducirse en pérdidas millonarias y mayor vulnerabilidad social.