Exfuncionaria del Gobierno Petro acepta responsabilidad por irregularidades en títulos académicos

Cronología de los hechos

El pasado 12 de junio de 2024, la Oficina del Fiscal General dio a conocer la apertura de una investigación contra la exvice‑ministra de Educación, María Petro, luego de que varios medios locales, entre ellos Listín Diario y Diario Libre, publicaran documentos que sugerían inconsistencias en los títulos universitarios que había presentado para su nombramiento. La pesquisa se centró en la supuesta obtención de un máster en gestión educativa en una institución extranjera que, según los registros, no existía.

El 20 de junio, la propia Petro compareció ante la Comisión de Ética y Transparencia del Poder Ejecutivo y, mediante una carta firmada, reconoció que parte de la documentación había sido elaborada por terceros y que, en algunos casos, los certificados presentados no coincidían con los expedientes oficiales de la universidad reclamada. En su intervención, expresó su disposición a regularizar la situación y solicitó que se suspendieran temporalmente los procesos de contratación en los que estaba involucrada.

Marco institucional y repercusiones

En la República Dominicana, la Ley No. 136‑03 de Educación Superior establece que toda persona que aspire a ocupar un cargo público debe presentar títulos debidamente acreditados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES). Además, la Ley No. 41‑08 de Ética y Transparencia obliga a los funcionarios a declarar la veracidad de sus credenciales ante la Oficina Nacional de Ética Pública (ONEP). El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones administrativas, inhabilitación e incluso procesos penales.

Casos similares, como el del exministro de Salud que fue destituido en 2022 por falsificar un doctorado, han generado desconfianza ciudadana y han motivado reformas en los procedimientos de verificación de antecedentes. Los analistas del Instituto Dominicano de Estudios Políticos advierten que la falta de rigor en la validación de títulos puede afectar la calidad de la gestión pública, especialmente en sectores como la educación, donde la credibilidad académica influye directamente en la formulación de políticas.