MP pide prisión a 25 por SeNaSa 2.0 en Operación Cobra

Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para 25 detenidos en Operación Cobra 2.0-A

El Ministerio Público solicitó formalmente 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas arrestadas durante la nueva fase de la investigación por presuntas irregularidades contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Los arrestos se ejecutaron el viernes como parte de la Operación Cobra 2.0-A, una etapa crítica dentro de las pesquisas sobre el supuesto desvío de recursos de la Administración Regional de Salud (ARS) estatal.

Esta solicitud judicial busca asegurar la comparecencia de los implicados mientras avanza el proceso legal. La medida preventiva es un procedimiento habitual en el sistema de justicia dominicano cuando se requiere garantizar la presencia del imputado en los tribunales, especialmente en casos de alta complejidad financiera y administrativa. La Operación Cobra 2.0-A representa una continuación directa de las investigaciones previas, enfocándose ahora en una red más amplia de actores dentro del sector salud.

Investigación abarca a médicos y prestadores de servicios por más de 40 millones de pesos

La línea de investigación involucra específicamente a médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas relacionadas con el sector. Según las autoridades, el monto vinculado a las irregularidades investigadas en esta fase supera los 40 millones de pesos. Esta cifra refleja la magnitud de las presuntas anomalías detectadas en la gestión de recursos del SeNaSa, una entidad clave para la cobertura sanitaria de la población dominicana.

Aunque los nombres específicos de las 25 personas arrestadas no han sido divulgados en este momento, la intervención del Ministerio Público marca un punto de inflexión en el caso. La Operación Cobra 2.0-A no solo busca esclarecer los hechos, sino también establecer las responsabilidades individuales y corporativas de los involucrados. El proceso judicial continuará con las audiencias de control de detención, donde el tribunal evaluará la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía. Este desarrollo subraya el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los fondos públicos destinados a la salud.