Casi 100 Empresas Disueltas Estaban Vinculadas Al Crimen Organizado: Martínez Pozo Destaca Advertencia De Yeni Berenice

Empresas disueltas y la advertencia de la Procuraduría

El lunes pasado, el comunicador Julio Martínez Pozo habló en la conferencia organizada por la Procuraduría General, donde la procuradora Yeni Berenice Reynoso presentó los resultados de una investigación que identificó cerca de cien empresas disueltas vinculadas al crimen organizado en Santo Domingo. La sesión, dirigida a dirigentes del sector industrial y empresarial, incluyó datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y de la Dirección de Inteligencia Financiera.

Tras la presentación, Martínez Pozo enfatizó que el nuevo Código Penal impone responsabilidad penal directa a las personas jurídicas cuando se comprueba una falla estructural que permite la comisión de un delito. Señaló que las empresas deben implementar programas de cumplimiento normativo, auditorías internas y canales de denuncia para mitigar el riesgo de ser cómplices de actividades ilícitas, evitando así sanciones que pueden llegar a la disolución.

Marco legal y repercusiones económicas

El marco normativo que sustenta esta medida se encuentra en el artículo 332 del Código Penal dominicano, el cual establece la responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos cometidos en su beneficio. La Procuraduría General, a través de la Oficina de Prevención y Control de Delitos Económicos, coordina con el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Bancos la vigilancia y la aplicación de planes de cumplimiento en todas las entidades registradas.

El anuncio ha generado preocupación entre los empresarios de la zona norte, donde se concentra gran parte de la actividad manufacturera, pues la posible disolución de una compañía implica la pérdida de empleos y la reducción de la inversión extranjera. Expertos advierten que la adopción temprana de sistemas de gestión de riesgos podría fortalecer la competitividad del país, al demostrar un compromiso serio con la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sector privado.