Anselmo Alejandro Bello Ferreras: más de dos décadas de carrera judicial y una trayectoria marcada por el derecho inmobiliario

Trayectoria profesional de Anselmo Alejandro Bello Ferreras

Desde su incorporación oficial al Poder Judicial en julio del 2000, Anselmo Alejandro Bello Ferreras comenzó su carrera como juez de paz, desempeñando funciones de conciliación y resolución de conflictos menores en la capital. Durante esos primeros años consolidó su conocimiento del derecho civil, lo que le permitió destacarse en la gestión de casos de arrendamiento y propiedad. Su desempeño llamó la atención de la Corte, abriéndole la puerta a cargos de mayor responsabilidad.

Posteriormente, Bello Ferreras fue ascendido a la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, donde dictó sentencias relevantes sobre contratos de compraventa y litigios inmobiliarios. Su trayectoria continuó en la Corte de Apelación, integrando la sección civil y comercial, y participó en la revisión de decisiones de primera instancia que involucraban grandes desarrollos urbanos. En 2021, la Suprema Corte de Justicia lo designó magistrado de la Tercera Sala, encargándose de materias civiles y de familia.

Contexto institucional y repercusión en el sector inmobiliario

El sistema judicial dominicano se organiza en tres niveles: juzgados de paz, tribunales de primera instancia y la Suprema Corte, máxima autoridad constitucional. La Tercera Sala, especializada en derecho civil, familiar y sucesorio, actúa conforme al Código Civil y la Ley de Tribunales, garantizando la uniformidad jurisprudencial. El Ministerio de Justicia supervisa la administración de los tribunales, mientras que el Consejo Nacional de la Magistratura regula la selección y evaluación de los jueces, asegurando la independencia judicial.

La experiencia de Bello Ferreras en materia inmobiliaria reviste especial relevancia para el sector de la construcción y el mercado de vivienda en la República Dominicana, donde la demanda de proyectos habitacionales supera la oferta. Sus decisiones han contribuido a clarificar la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal y a proteger los derechos de compradores frente a retrasos en entregas. Organismos como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial citan sus fallos como precedentes para la regulación de futuros desarrollos.