Unicef: Uno de cada cuatro jovenes en RD sufrió abuso sexual facilitado por internet el último año

Resultados del estudio y reacción inmediata

El pasado 12 de agosto, el informe “Disrupting Harm” publicado conjuntamente por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, reveló que en la República Dominicana 25 % de los adolescentes entre 13 y 17 años habían sido víctimas de agresiones sexuales mediadas por plataformas digitales durante los últimos doce meses. La investigación, basada en encuestas realizadas en 15 provincias, señaló a aplicaciones de mensajería y redes sociales como los canales más utilizados por los agresores.

Tras la difusión del estudio, el Ministerio de la Mujer y los Derechos de la Mujer organizó una rueda de prensa el 15 de agosto, donde la ministra Ana López denunció la urgencia de fortalecer la ciberseguridad infantil. Organizaciones como la Fundación Casa del Niño y la Red Dominicana contra la Violencia de Género anunciaron campañas de sensibilización en colegios, mientras que la Policía Nacional intensificó las investigaciones de casos reportados a través de su unidad de delitos cibernéticos.

Marco institucional y repercusiones en la sociedad

En el marco legal dominicano, la Ley 24‑97 contra la violencia contra la mujer y la Ley 108‑13 que tipifica los delitos de abuso sexual infantil establecen sanciones que pueden alcanzar hasta veinte años de prisión. La Fiscalía General de la República, a través de la División de Delitos de Alta Tecnología, colabora estrechamente con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la Dirección de Inteligencia de la Policía en la persecución de estos crímenes.

Los expertos advierten que el abuso en línea repercute en la deserción escolar y genera costos elevados en salud mental, lo que afecta la productividad futura del país. Según datos del Ministerio de Educación, en 2023 se registró un aumento del 12 % en bajas escolares vinculadas a situaciones de acoso digital. El gobierno destinó, en el presupuesto 2024, 150 millones de pesos al fortalecimiento de programas de prevención y a la capacitación de profesionales de salud y justicia.