El Ministerio Público ha presentado sus conclusiones formales en el juicio de fondo contra los imputados en una presunta red de corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos. La fiscalía solicitó penas máximas de hasta 20 años de prisión para los principales cabecillas de la presunta red de corrupción administrativa, incluyendo al mayor general Adán Cáceres Silvestre y al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou. Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público solicitó el decomiso masivo de cientos de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades de lujo, vehículos y activos financieros, para que pasen a favor del Estado dominicano. El Estado dominicano, en su calidad de parte querellante, también presentó sus conclusiones ante el tribunal, solicitando que los imputados sean condenados a pagar una suma de 20,974,753,919 pesos como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos. El tribunal dispuso el receso de la audiencia y fijó su continuación para el martes 10 de febrero de 2026, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que iniciarán sus alegatos finales las defensas técnicas de los imputados. Navegación de entradas Un año de prisión para extranjero por falsa alarma en el AILA Defensa de Donald Guerrero: «Debe ser absuelto porque es inocente»