La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) argumentó que procede el envío a juicio de fondo del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ya que la acusación es más que suficiente para probar su asociación con otros exfuncionarios acusados de corrupción y empresarios que pagaron sobornos para financiar su campaña como candidato presidencial en el 2020. La Pepca también sostiene que ha sometido las pruebas de los hechos que detalla en su acusación contra el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo, a quien se le imputa la recepción de 58 millones de pesos por parte de otros implicados en la supuesta red que afirma estafó al Estado en los libramientos de pagos por terrenos declarados de utilidad pública. La fiscal Elvira Rodríguez rechazó que se hayan vulnerado garantías procesales o que el proceso penal haya excedido los plazos establecidos por la ley. Se le imputan a Castillo los delitos de soborno, asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Pepca indicó que el empresario Ramón Emilio Jiménez habría entregado a Gonzalo Castillo la suma de 3,812,000,000.00 de pesos, provenientes de pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos y reconocimientos de deudas administrativas. La audiencia se reanudará el viernes 6 de marzo, luego de que el Ministerio Público concluyera sus réplicas a los argumentos de las defensas de los implicados. Navegación de entradas Director SNS realiza visita no programada a Maternidad La Altagracia La crecida del río Joba deja viviendas colapsadas en Espaillat