El Ministerio Público ha solicitado penas que oscilan entre 5 y 20 años de prisión, además de multas millonarias, decomiso de bienes y la disolución de empresas e instituciones, contra los militares y policías imputados de corrupción administrativa. Según la acusación, se sustrajeron más de 4,500 millones al Estado dominicano a través de esta red de corrupción. Los fiscales, encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, han solicitado penas específicas para cada uno de los imputados, incluyendo 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, señalados como cabecillas de la red. Además, el Ministerio Público ha solicitado penas de 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para otros imputados, y 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para otros. También se ha solicitado la clausura, suspensión de operaciones y disolución de varias empresas involucradas en la red de corrupción, incluyendo la Iglesia Bautista Vida Eterna y varias empresas comerciales. La próxima audiencia está fijada para el martes 10 del mes en curso, y se espera que el tribunal emita una decisión sobre las penas y sanciones solicitadas por el Ministerio Público. Es importante destacar que el caso sigue en curso y que los imputados tienen derecho a una defensa y a un juicio justo. Navegación de entradas Enfermedades de notificación obligatoria siguen bajo control Migración detuvo a más de 38 mil extranjeros en enero