La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha presentado argumentos durante la audiencia preliminar del caso Calamar que sugieren una posible actuación selectiva por parte del Ministerio Público. Según la abogada Laura Acosta, el Ministerio Público ya contaba con información financiera relacionada con el empresario José Pablo Ortiz y la empresa OGSS desde enero de 2022, pero no profundizó en esas indagatorias en ese momento, lo que ha generado sospechas sobre la forma en que se han manejado los expedientes. La defensa de Gonzalo Castillo destaca que José Pablo Ortiz declaró en 2022 no tener empresas ni bienes a nombre de terceros, una afirmación que contrasta con los 529 millones de pesos que supuestamente recibió como parte del entramado de corrupción en el caso Senasa. La abogada Laura Acosta cuestiona por qué el Ministerio Público no investigó más a fondo la situación financiera de Ortiz en su momento, lo que pone en duda la actuación del órgano persecutor y sugiere una posible actuación selectiva en la persecución de la justicia. Esto plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y el tratamiento igualitario de los casos por parte del Ministerio Público. Navegación de entradas Condenan hombre a cinco años de prisión por tráfico de drogas República Dominicana asume la presidencia pro tempore del SICA