Sector minero propone que el 5% de los aportes a las comunidades mineras sea trazable

Propuesta de trazabilidad y cronología de su presentación

El 12 de agosto de 2024, la Cámara Minera y Petrolera (Camipe) presentó ante el Ministerio de Energía y Minas un proyecto que obliga a que al menos el cinco por ciento de los recursos destinados a programas de desarrollo comunitario sea rastreable mediante contabilidad electrónica. La medida se anunció en una conferencia de prensa en Santo Domingo, donde los directivos enfatizaron la urgencia de mayor transparencia tras las críticas de organizaciones sociales.

En la jornada siguiente, el presidente de Camipe, Ing. José Martínez, sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental para discutir la operatividad del sistema de trazabilidad. Ambos sectores acordaron que la normativa entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2025, con un periodo de adaptación de seis meses, y que se crearían auditorías trimestrales para verificar el cumplimiento.

Marco institucional y repercusiones socioeconómicas

El marco normativo que sustenta la propuesta se apoya en la Ley 146‑02 de Minería y la Ley 87‑01 de Responsabilidad Social Empresarial, que obligan a las empresas a destinar recursos a proyectos de beneficio social. Además, la Dirección General de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, es la autoridad encargada de supervisar la correcta ejecución de estos programas y de imponer sanciones en caso de incumplimiento.

Históricamente, la falta de trazabilidad ha generado desconfianza en comunidades mineras de provincias como San José de Ocoa y Sánchez Ramírez, donde proyectos de extracción dejaron promesas incumplidas y escasos beneficios visibles. Según datos del Banco Central, el sector minero aportó el 2,3 % del PIB nacional en 2023, pero la percepción social sigue siendo negativa. La nueva medida busca revertir esa tendencia, garantizando que los fondos lleguen efectivamente a obras de infraestructura, educación y salud en las áreas más vulnerables.