Moisés Ayala vuelve al foco por vínculos empresariales con contrataciones del Estado

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El 12 de junio la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió el acto administrativo DGCP44‑2026, mediante el cual se procedió a la inhabilitación de oficio de once Registros de Proveedores del Estado vinculados a legisladores en ejercicio. Entre los afectados se encuentra el senador de Barahona, Moisés Ayala Pérez, cuyas empresas de construcción y suministro de materiales fueron señaladas por haber ganado licitaciones con el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Salud durante los últimos tres años.

Tras la publicación del acto, la oficina del senador presentó un comunicado calificando la medida de prematura y asegurando que las licitaciones se realizaron bajo los principios de transparencia y competencia. La DGCP, por su parte, recordó que la normativa actual obliga a excluir a cualquier proveedor cuyo titular sea un funcionario electo, sin requerir denuncias previas. La inclusión de ocho senadores más en la lista ha encendido un debate en el Congreso sobre la aplicación estricta de la ley.

Marco institucional y repercusiones

El marco legal que sustenta la medida es la Ley 47‑25 de Contrataciones Públicas, promulgada en 2025, y su Reglamento 52‑26, que introdujo la figura de inhabilidad absoluta para legisladores y altos funcionarios al contratar con el Estado. La DGCP, organismo adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Reconstrucción, es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa y de sancionar a los proveedores que infrinjan los requisitos de idoneidad y transparencia.

En la provincia de Barahona, donde Ayala Pérez ejerce su representación, la noticia ha reavivado la preocupación de empresarios locales que dependen de contratos públicos para impulsar proyectos de infraestructura y salud. Analistas políticos advierten que la exclusión de estos proveedores podría ralentizar la ejecución de obras en la zona, pero también señalan que la medida refuerza la confianza ciudadana en la gestión pública al reducir posibles conflictos de interés.