Cuestionan designación de Alliet Ortega Rabassa en comisión de veeduría de DO Sostenible

Designación y reacciones iniciales

El pasado 12 de agosto, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de un comunicado oficial, anunció la designación de Alliet Ortega Rabassa, vicerrectora de Administración y Finanzas del INTEC, como coordinadora de la Comisión de Veeduría Ciudadana del fideicomiso DO Sostenible. La noticia fue publicada en la página institucional y difundida en redes sociales, generando una rápida reacción de organizaciones no gubernamentales y de ciudadanos preocupados por la transparencia del proceso.

En menos de 24 horas, colectivos como Transparencia Dominicana y la Red de Acción Ambiental emitieron comunicados en los que cuestionaban la idoneidad de la nombrada, argumentando que su vínculo con una institución académica que recibe fondos públicos podría generar un conflicto de intereses. Asimismo, varios diputados de la Cámara de Diputados solicitaron al Comité de Ética la revisión del nombramiento, mientras que el propio INTEC manifestó su apoyo institucional a la participación de su vicerrectora en iniciativas de desarrollo sostenible.

Marco institucional y posibles implicaciones

El marco legal que sustenta la creación de la Comisión se encuentra en el Decreto 498‑26, emitido en 2022, el cual establece que la veeduría ciudadana debe actuar como órgano consultivo y honorífico para reforzar la rendición de cuentas del fideicomiso público‑privado encargado de la gestión integral de residuos sólidos. El artículo 5 del mismo decreto indica que los miembros deben ser seleccionados sin antecedentes que comprometan su imparcialidad, garantizando la independencia del control.

En la República Dominicana, la Ley 200‑04 y sus reformas obligan a los servidores públicos a declarar cualquier vínculo que pueda afectar su imparcialidad. Antecesores designaciones en el sector de obras públicas han generado controversias y procesos judiciales, lo que alerta a expertos sobre los riesgos de una veeduría comprometida. Un control insuficiente podría erosionar la confianza ciudadana y obstaculizar la ejecución de planes de reciclaje y gestión de residuos en Santo Domingo.