Cuando colaborar con la justicia se vuelve peligroso para los testigos

📌 Puntos Clave de la Noticia

• Hecho: Dos testigos asesinados, uno gravemente herido y un cuarto arrebatado a agentes de la Dicrim en pleno Palacio de Justicia.
• Ubicación y Afectación: Incidentes registrados en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Francisco de Macorís y Santiago Oeste.
• Situación Actual: El proyecto de ley de protección a víctimas y testigos sigue estancado en el Congreso; la procuradora general ha reiterado la necesidad urgente de su aprobación.

¿Qué se sabe sobre el peligro que enfrentan los testigos?

Por ley, toda persona que presencie o conozca un delito debe comparecer ante los tribunales cuando es citada, según el artículo 198 del Código Procesal Penal. Sin embargo, hechos recientes demuestran que la integridad de los testigos se ve comprometida antes, durante y después de declarar.

En 2025 y 2026, se registraron cuatro casos graves: Luis Gustavo Grullón de Aza fue asesinado frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís; Jesús Cabrera fue ultimado en la comunidad de Cienfuegos, Santiago Oeste, el mismo día de su citación; Brayan Juan Pablo Rosa resultó gravemente herido en las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este; y Willy Féliz Vásquez fue arrebatado a agentes de la Dicrim por familiares de los imputados dentro del Palacio de Justicia del Distrito Nacional.

¿Cuál es la respuesta institucional y legislativa?

La Constitución asigna al Ministerio Público la protección de víctimas y testigos, y la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, ha señalado que “no es un lujo, es una necesidad urgente” y que nunca ha existido una ley específica al respecto. La Ley Orgánica del Ministerio Público 133‑11 y el Código Procesal Penal delegan al órgano persecutor la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los testigos, pero la práctica, según el abogado penalista Carlos Salcedo, se limita a la sala de audiencias.

Actualmente existe una resolución administrativa que crea un programa de protección, pero su alcance se restringe a casos de narcotráfico, criminalidad compleja o crímenes atroces. El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo a finales de 2024 permanece sin aprobación en el Congreso, manteniendo la vulnerabilidad de los testigos fuera del recinto judicial.

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