El exencargado financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cesep), coronel Rafael Núñez de Aza, ha presentado pruebas en el tribunal para demostrar que el dinero que posee es producto de su trayectoria como empresario y no procede de la estafa por más de 4 mil millones de pesos en la institución. Según Núñez de Aza, ha depositado cobros y pagos de hasta más de 80 millones de pesos de impuestos por los servicios de sus empresas, lo que respalda su argumento de que sus actividades económicas son legítimas y no se originaron durante su tiempo en el Cesep.

La defensa del coronel Núñez de Aza se centra en demostrar que el dinero ilícito mencionado por los fiscales no fue a parar a su cuenta y que, por lo tanto, no puede ser considerado el «cerebro» de la estafa. También se ha mencionado que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) fue otra institución afectada por un supuesto entramado de corrupción. La pastora Rossy Guzmán Sánchez también ha iniciado su defensa, alegando que sus propiedades son lícitas y negando las acusaciones de ser testaferro de Adán Cáceres Silvestre, el exjefe del Cusep. El juicio de fondo continúa, con un total de casi 30 acusados que deberán demostrar su inocencia o ser condenados por defraudar al Estado.

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