Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, han afirmado que el pago de RD$21 mil millones realizado a Banreservas en 2020 fue una obligación legal del Estado y una operación interinstitucional que no involucró la transferencia de recursos a contratistas ni la salida de fondos del ámbito estatal. Según Eduardo Núñez, abogado del exministro, el desembolso se realizó en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas. La defensa de Donald Guerrero subraya que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y se ejecutó conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que confirma su carácter plenamente institucional. Señalan que el pago fue registrado oficialmente como una reducción de pasivos públicos, al liquidar compromisos financieros acumulados, y que toda la operación se encuentra debidamente documentada en los registros oficiales del Estado. Los abogados aseguran que es jurídicamente imposible hablar de lavado de activos, ya que los fondos involucrados eran públicos, lícitos y transferidos entre entidades estatales, y que no existe prueba alguna que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito o beneficio personal. Navegación de entradas Del falso aviso en el AILA a la primera condena por terrorismo en RD Pro Consumidor inicia operativo por el Día de San Valentín