El Gobierno aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para garantizar un estado digital más justo y transparente

📌 Puntos Clave de la Noticia

• Hecho principal: Aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial mediante el decreto 787‑26.
• Ubicación y detalles: República Dominicana; proceso liderado por la OGTIC y la DIGEIG con apoyo técnico de la OGP.
• Situación actual: La normativa entra en vigor con un plazo transitorio de 180 días para su adecuación por parte de todas las entidades públicas.

¿Qué se sabe sobre este acontecimiento?

El Ejecutivo dominicano, a través del decreto 787‑26, aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, convirtiendo al Estado en un referente regional en la adopción responsable de tecnologías emergentes. El documento se elaboró mediante un proceso participativo y multisectorial encabezado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y alineado a los estándares internacionales de la UNESCO y la OCDE.

Entre los pilares normativos destacan la obligatoriedad de Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED) para sistemas de IA de alto impacto, la garantía de transparencia algorítmica y derecho a revisión humana, la prohibición absoluta de scoring social, identificación biométrica masiva sin orden judicial, perfilamiento criminal predictivo, automatización de sentencias penales y armas autónomas, y una protección reforzada para la infancia. Además, se establecen requisitos de soberanía digital y criterios de contratación que exigen trazabilidad y ciberseguridad a los proveedores.

Impacto y seguimiento

El decreto crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, órgano consultivo integrado por instituciones estatales y representantes de la sociedad civil, academia y el Foro Multiactor de Gobierno Abierto. Este consejo supervisará la implementación del código y garantizará la participación continua de la ciudadanía. Las entidades públicas disponen de 180 días calendario para registrar sus sistemas, designar responsables y adoptar las medidas necesarias, marcando un hito histórico en la transformación digital ética del país.

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