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Santo Domingo.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por su presidente Manuel María Mercedes, acudió este martes al Palacio Nacional junto a representantes de la Asociación de Productores de Bonao y moradores del sector Las Flores de Pantoja, quienes buscan que el Gobierno atienda varias demandas relacionadas con la propiedad de terrenos y las condiciones de sus comunidades.

📌 Aspectos Destacados de la Noticia

  • Hecho confirmado en SANTO DOMINGO en torno a Derechos Humanos acompañan a productores de Bonao en reclamos ante el Gobierno.
  • La organización informó que entregaría al presidente Luis Abinader una comunicación en la que solicita su intervención ante la situación de los productores de Bonao, algunos de los cuales, según denunciaron, llevan entre 10 y 15 años establecidos en la zona y han enfrentado desalojos, derribo de propiedades y apresamientos.
  • La Comisión pidió que se les permita continuar trabajando y produciendo alim.

¿Qué ocurrió?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por su presidente Manuel María Mercedes, acudió este martes al Palacio Nacional en Santo Domingo. El objetivo de esta visita institucional fue acompañar a representantes de la Asociación de Productores de Bonao y a moradores del sector Las Flores de Pantoja, quienes buscaban que el Gobierno atendiera demandas urgentes relacionadas con la propiedad de terrenos y las condiciones comunitarias en sus zonas de residencia y trabajo.

El encuentro se caracterizó por la presencia directa de los afectados junto a la máxima autoridad de derechos humanos del país. La delegación no solo buscó visibilizar la situación, sino también formalizar una solicitud de intervención presidencial. Según la información disponible, la organización informó que entregaría una comunicación oficial dirigida al presidente Luis Abinader, solicitando su mediación ante la crisis que enfrentan los productores de Bonao.

Detalles confirmados sobre la situación

Los hechos que motivaron esta visita al Palacio Nacional giran en torno a la inseguridad jurídica y la estabilidad de los productores agrícolas. Según denunciaron los productores presentes en la reunión, algunos de ellos llevan entre 10 y 15 años establecidos en la zona. Este período de tiempo subraya la profundidad de su arraigo en la tierra y la complejidad de su situación legal y social.

Además de la antigüedad de su presencia, los afectados detallaron haber enfrentado una serie de acciones coercitivas que han afectado su integridad física y patrimonial. Según denunciaron los productores, han sido víctimas de desalojos, derribo de propiedades y apresamientos. Estas acciones han generado un clima de incertidumbre que ha impedido la continuidad de sus actividades productivas y la estabilidad de sus familias.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asumió un rol de acompañamiento y defensa. La entidad pidió explícitamente que se les permitiera continuar trabajando y produciendo, argumentando que la actividad agrícola es fundamental para la subsistencia de estas comunidades. La intervención de la CNDH busca garantizar que los derechos fundamentales de estos ciudadanos sean respetados y que no se les prive de su medio de vida sin las debidas garantías legales y humanitarias.

La solicitud de intervención presidencial

El punto culminante de la visita al Palacio Nacional fue la entrega de una comunicación formal al presidente Luis Abinader. La organización de productores, respaldada por la CNDH, solicitó la intervención directa del jefe de Estado ante la situación de los productores de Bonao. Esta solicitud no es solo un pedido administrativo, sino una llamada a la acción para resolver un conflicto que ha escalado con el paso de los años.

La presencia de Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, añade un peso institucional significativo a la demanda. Al acompañar a los representantes de la Asociación de Productores de Bonao y a los moradores de Las Flores de Pantoja, la Comisión valida la gravedad de las denuncias y eleva el nivel del diálogo. La estrategia de la delegación fue clara: presentar los hechos, las denuncias de desalojos y derribos, y solicitar una respuesta concreta que permita el retorno a la normalidad productiva.

Es importante destacar que, hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta oficial inmediata del Gobierno o del presidente Luis Abinader a esta solicitud específica. El contenido completo de la comunicación entregada tampoco ha sido divulgado en su totalidad, lo que deja pendiente el detalle exacto de las cláusulas o peticiones específicas incluidas en el documento. Sin embargo, el núcleo de la demanda permanece claro: la protección de la propiedad, la cese de las acciones coercitivas y la garantía de la continuidad laboral para los productores.

Contexto y alcance de la demanda

La situación en Bonao y específicamente en el sector Las Flores de Pantoja refleja un problema más amplio de tenencia de la tierra y derechos de los pequeños agricultores en la República Dominicana. La mención de períodos de 10 a 15 años de establecimiento sugiere que estos no son asentamientos recientes, sino comunidades consolidadas que han visto amenazada su existencia por conflictos no resueltos.

La intervención de la CNDH marca un precedente en la forma en que se abordan estos conflictos sociales. En lugar de limitarse a observaciones pasivas, la comisión se posicionó activamente junto a los afectados ante la máxima autoridad del país. Este movimiento busca presionar para que la solución no sea solo legal, sino también humanitaria, priorizando el derecho al trabajo y a la vivienda.

Aunque el número exacto de productores o moradores presentes en el Palacio Nacional no fue especificado en los registros iniciales, la representación fue significativa al incluir tanto a líderes de la Asociación de Productores de Bonao como a moradores directos del sector afectado. Esta diversidad de voces busca asegurar que la perspectiva de la base comunitaria sea escuchada directamente por el presidente Abinader, evitando intermediarios que puedan diluir la urgencia de la situación.

La espera por una respuesta oficial sigue siendo el próximo paso en este proceso. La comunidad de productores y la CNDH esperan que la intervención presidencial derive en medidas concretas que detengan los desalojos y derribos, y que permitan a los afectados retomar sus actividades productivas con la seguridad jurídica necesaria. La atención mediática y social sobre este caso ha aumentado, lo que podría influir en la celeridad de las acciones gubernamentales futuras.

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Por Redacción El Informador RD

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