SeNaSa: Médicos cobraban consultas sin realizarlas

Estrategia de selección de víctimas para evadir controles

La investigación fiscal detalla que los presuntos implicados no actuaban de manera aleatoria, sino que aplicaban un criterio específico para elegir a los asegurados. Se priorizaban aquellos con escasa actividad previa en el sistema, lo que reducía significativamente el riesgo de que las anomalías fueran detectadas por los algoritmos de auditoría. Esta metodología permitía mantener la apariencia de normalidad en las cuentas de los beneficiarios durante periodos prolongados, facilitando la ejecución del fraude sin levantar sospechas inmediatas en las primeras revisiones rutinarias del organismo.

Una vez identificados los perfiles vulnerables, el grupo habría procedido a solicitar autorizaciones médicas formales a nombre de estas personas. El proceso incluía la generación de documentos que certificaban la necesidad de ciertos tratamientos o consultas, aunque no existiera una relación real entre el paciente y el profesional de la salud. Esta fase administrativa era crucial para legitimar el cobro posterior, creando un expediente sólido que justificara el desembolso de fondos públicos ante las instancias de aprobación del Seguro Nacional de Salud.

Los fiscales señalan que la complejidad del esquema radicaba en la coordinación entre varios actores que simulaban la prestación de servicios. No se trataba de un error administrativo aislado, sino de una operación estructurada donde cada eslabón cumplía una función específica para garantizar la aprobación de las facturas. La ausencia de atención real hacía que el dinero destinado a la salud pública se desviara hacia cuentas privadas, afectando directamente la capacidad del sistema para cubrir las necesidades de quienes sí requieren atención médica.

La solicitud de medida de coerción describe cómo se manipulaban los registros para que las fechas y los tipos de procedimientos coincidieran con las tarifas máximas permitidas. Esta precisión en la documentación buscaba maximizar el beneficio económico mientras se minimizaba la probabilidad de que una auditoría cruzada revelara las inconsistencias. El Ministerio Público sostiene que esta práctica sistemática representa una grave vulneración a la integridad de los fondos del seguro, comprometiendo la sostenibilidad financiera del programa de salud universal.

Respuesta institucional y medidas legales en la capital

El Ministerio Público ha formalizado la solicitud de medidas de coerción contra los presuntos responsables, argumentando que existe un riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia. Las autoridades judiciales de Santo Domingo evaluarán la gravedad de los hechos y la solidez de las pruebas reunidas para determinar si se imponen arrestos preventivos o medidas sustitutivas. Este paso procesal marca el inicio de la fase judicial de la Operación Cobra 2.0, que busca desarticular redes de corrupción que afectan a instituciones clave del Estado dominicano.

La SeNaSa, por su parte, ha reforzado sus protocolos de auditoría interna tras conocerse los detalles de esta investigación. La institución ha indicado que está colaborando con los órganos de control para identificar todas las transacciones sospechosas vinculadas a este grupo. El impacto ciudadano es directo, ya que los recursos desviados representan tratamientos y medicamentos que no llegaron a los pacientes que realmente los necesitaban, generando una crisis de confianza en la gestión de la salud pública en el país.

Próximos pasos en la investigación judicial

En las próximas semanas, el tribunal competente deberá resolver la solicitud de coerción, lo que determinará si los acusados enfrentan el proceso en libertad o bajo arresto. Paralelamente, la fiscalía continuará con el rastreo de flujos financieros para identificar posibles cómplices o beneficiarios finales de los fondos desviados. La evolución del caso dependerá de la capacidad de las autoridades para reconstruir la cadena de pagos y establecer la responsabilidad individual de cada participante en el esquema de defraudación.